Chetumal Quintana Roo,10 de noviembre del 2016- El pasado 8 de noviembre del 2016, durante la toma de protesta a la mesa directiva de la Asociación Nacional de Locutores de México, delegación Quintana Roo, presidida por mi amigo de muchos años, José Martín Sámano, el Gobernador del Estado Carlos Joaquín González, señalaba y precisaba que durante su gobierno la libertad de prensa no sería objeto de represalias ni coacciones, sin embargo tal argumento parece no entenderlo su gabinete o por lo menos quienes encabezan desde la Unidad del Vocero del Estado o el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social.

Durante el evento dónde por cierto, a poco más de un mes de asumir el cargo, en el cual su gobierno no solo no ha definido y aterrizado sus políticas de comunicación social, sino que además anda dando tumbos y garrotazos, recibió el “Micrófono de Oro” como reconocimiento a su “apoyo” a la libertad de expresión.

Una libertad de expresión y difusión que siempre califica de vital, como lo hizo en la toma de protesta de la asociación estatal de locutores: “Es un indicador importantísimo en una democracia saludable, ya que cuando se avanza en el respeto y vigencia plena de las libertades, la democracia se fortalece”; pero, ¿lo entiende su equipo?, porque todo lo que hagan empoderados y desde el gobierno en favor o en contra de la “libertad de expresión, empresas de comunicación, periodistas o comunicadores, tendrá que ser necesariamente por conocimiento u omisión, responsabilidad de él.

Muchos medios de comunicación a través de sus reporteros, columnistas y editorialistas, entre ellos el atinado periodista Oscar González, en su columna “Café Negro”, titulada “Joaquín en su burbuja”, da cuenta del trato marginal y acotado que dan a la prensa los correligionarios del único gobernador que llegó al poder, producto de un real y libre ejercicio democrático, habla de la “severa, arbitraria e injusta purga”, que sin contemplaciones se hizo en contra de algunos trabajadores del SQCS por estar en gobierno “Borgista”, pero no solo en el sistema, también en la mayoría de las direcciones de prensa del gobierno dónde despachaban periodistas.

Nadie puede negar que hoy por hoy el gremio de periodistas es despreciado y humillado por el gobierno a través de troles, comunicadores a modo o simpatizantes, y predispuestos ante la opinión pública, de esos de lo que tanto se quejaron y quejan los que ahora ostenta el poder y la revancha.

Hoy vemos en la Unidad Vocero que quieren correr a parte de su personal porque estuvo ligado al gobernador Borge o que, en el Sistema de Comunicación impiden a sus reporteros no acercarse al gobernador Joaquín, lo que es un franco y llano freno a la libertad de expresión.

No deben olvidar en la Unidad Vocero, que esta institución que corresponde al “gobierno”, lo que más le debe un empleado a quien lo contrata es lealtad, respeto y sigilo, contrario al Sistema de Comunicación Social, medios de comunicación de “Estado” que deben garantizar todas las libertades emanadas y garantizadas por nuestra constitución.

El gremio periodístico hoy está herido, le acusan de todo e incluso del triunfo de Donald Trump, ahora los convenios que ejercen medios de comunicación y periodistas con el gobierno son tan ilegales como satanizados, sin entender que tienen ambos libertad empresarial, se reconoce que algunos dueños de medios y periodistas pactaron su línea editorial desde la esfera del poder en detrimento de los opositores del régimen en función, lo que es de entrada descalificable; pero tampoco se debe de permitir que “periodistas a modo, troles o simpatizantes” denigren a un medio o sus representantes, calificándolos de “putas” o “deshonestidad” y lo que se acumule, porque hacerlo, el gobierno de Carlos Joaquín estaría incurriendo en lo que tanto se quejó y sin duda sufrió, además estaría quitando a su gobierno la posibilidad de corregir errores y condenando a toda crítica ser “puta chayotera”.

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