¿Exámenes de evaluación y control de confianza para la profesionalización de los cuerpos policiacos?

Por: Esteban Guarneros Aragón

Miembro del Colegio de Profesionistas en Comunicación de Quintana Roo

Chetumal, Quintana Roo a 28 de marzo del 2017.- Después de dos hechos dramáticos protagonizados por dos elementos de la policía estatal, en los últimos días en la capital del Estado de Quintana Roo la ciudadanía tiene varias preguntas, una de ellas es saber con certeza si los exámenes de evaluación y control de confianza que se realizan a los candidatos para ingresar a las corporaciones policiacas en los estados y municipios de la república son los adecuados, si son efectivos y sobre todo de certidumbre para la sociedad.

Más allá de si cumplen con el perfil para la profesionalización de los cuerpos policiacos, estos dos hechos donde el primer policía llegó a un domicilio y realizó una serie de disparos al rostro y cuerpo de su esposa, en presencia de su hijo y, el segundo policía realizó varios disparos con su arma de cargo en contra de su familia en el interior de su casa, dejan duda de cuantos elementos más están en la misma situación de desequilibrio emocional.

El Centro de Evaluación y Control de Confianza, es un órgano desconcentrado de la Procuraduría General de la República, dicta en algunos de sus principios que sus funciones se llevan con eficiencia, profesionalismo y respeto a los derechos humanos y su finalidad es fortalecer la procuración de justicia. Describe, además, que tiene a su cargo la aplicación, calificación y valoración entre otras acciones, para realizar los procesos de evaluación de control de confianza, del desempeño y de competencias profesionales.

Con todo ello, los elementos que aprobaron estas pruebas que comprenden tres procedimientos,  el primero de evaluación de control de confianza, el segundo de evaluación de competencias y por último el de evaluación del desempeño, donde se analizan las características de personalidad e inteligencia de los entrevistados a través de un test sicológico.

Además se detecta utilizando el polígrafo si su conducta se rige por los principios constitucionales y se conoce si el interrogado ha ingerido o ingiere sustancias psicotrópicas en un examen toxicológico, con todo ello el resultado en estos dos casos de los policías estatales, nos deja lleno de dudas sobre si estas evaluaciones son las formas más convincentes y viables, para asegurar que son el personal idóneo para el trabajo de protegernos y de brindar seguridad pública a todas las familias.

Otra duda que surge es la de conocer si estos dos elementos policiacos uno que acribillo a una mujer y arruinó la vida de un joven y otro, que vulneró y desamparó a una familia, realmente aprobaron los exámenes de control y confianza.

En un estudio realizado en el 2016 por la organización ciudadana “Causa Común”, detectó que de los poco más de 337 mil 209 policías estatales y municipales en el país, la mayoría consiguió una calificación de 6.1, un resultado que dista mucho de los objetivos de profesionalización de los cuerpos policiacos. Pero aún algo más grave, revelaron que de un aproximado de 42 mil 214 policías federales, estatales y municipales no aprobaron exámenes de control de confianza y aún siguen activos en sus corporaciones.

Cabe la pregunta de si en Quintana Roo existe personal de seguridad pública, que haya reprobado estas pruebas, o aún peor, que no hayan presentado dichas evaluaciones y se encuentren activos en sus corporaciones.

Si no confiamos en ellos, entonces ¿en quién confiar?

En otro estudio realizado, en el 2016, por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México (UNAM),  denominado “Percepción del Desempeño de las Instituciones de Seguridad y Justicia”, encuesta realizada a nivel nacional, reveló que el 70 por ciento de los mexicanos no confía en ellos, porque los relaciona con actos de extorsión, agresiones físicas, detenciones arbitrarias y acusaciones falsas que llevan a la cárcel a inocentes.

Como ejemplo de lo anterior, en el mes de febrero del presente año, una familia chetumaleña sin motivo aparente fue interceptada cuando transitaba en su vehículo por las calles de Chetumal por elementos ministeriales de la Fiscalía General de Quintana Roo, cinco agentes que se negaron en el momento a identificarse detuvo arbitrariamente, -según el relato periodístico- a la familia quienes fueron tratados como delincuentes al ser insultados y apuntados con armas de fuego a pesar de que en el interior del vehículo habían niños.

Las evidencias de que algo no está funcionando bien están a la vista de los actos de homicidio y agresiones por parte de elementos de la policía federal,  ministerial, estatal y municipal hacia la sociedad.

Queda en entre dicho las declaraciones por demás defendibles, en un comunicado a la prensa, que emitió en días pasados la Secretaría Estatal de Seguridad Pública (SESP), sobre los hechos ocurridos. El comunicado oficial da a conocer que todo agente de la policía estatal preventiva tiene la alta responsabilidad de hacer uso de sus armas para proteger la vida de los ciudadanos, como también queda en entre dicho el anunciar que tendrá un departamento de apoyo psicológico para brindar ayuda a los agentes estatales y municipales… y los procesos de evaluación de control de confianza ¿para qué sirvieron?

Por último, también queda en evidencia las declaraciones de la SESP de que cada agente cuenta con el conocimiento de las normas internas y las regulaciones en el uso de su armamento y equipo, vemos que no es cierto que todos los agentes policiacos tengan presente la alta responsabilidad de portar un arma y mucho menos ésta en sus prioridades cuidar y proteger a un pueblo.

El daño que causaron estos elementos de la policía no fue hacia algún agresivo delincuente, no fue un infractor distribuidor de droga, no fue un armado ladrón peligroso, la interfecta y víctima fueron mujeres que, en algún momento, compartieron su vida con estos policías, además de otros afectados, niños y jóvenes de su propia sangre que posiblemente inicien una vida en situación sicosocial anómala, con probables trastornos de adaptación por una nueva vida sin la persona muerta.

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