angelPor: Ángel Ramírez Hernández

Maestro en Periodismo Político, Miembro Fundador y Past Presidente del Colegio de Profesionistas en Comunicación de Quintana Roo, A.C.

Chetumal, Quintana Roo a 21 de abril de 2017.- Desde mi llegada a estas tierras, septiembre de 1993, de esto han pasado ya cuatro sexenios con sus respectivos gobernadores, Mario Ernesto Villanueva Madrid, Joaquín Hendricks Díaz, Félix Arturo González Canto y Roberto Borge Angulo, he comentado que las administraciones de los gobiernos ya mencionados no han podido establecer, desde la Dirección de Comunicación Social, Unidad Vocero o Coordinación General de Comunicación Social las políticas o líneas de acción encaminadas a mejorar la relación del Gobierno con los periodistas y medios de comunicación a fin de construir e instrumentar plataformas de comunicación que cumplan con conectar, difundir y promocionar la imagen y obra gubernamental con la diversidad de audiencias.

Hoy 24 años después puedo decir que la Administración del “Cambio” si ha podido establecer políticas o por lo menos estrategias de comunicación social, lamentablemente no son las que esperábamos, pareciera que van encaminadas a distanciar aún más al gobierno con los periodistas y medios de comunicación vigentes en el Estado. Un ejemplo de ello es el boletín marcado con el número ZS-97/2017 de la Fiscalía General de Quintana Roo, titulado El Fiscal del Estado Miguel Ángel Pech Cen es respetuoso de todas las manifestaciones de los medios de comunicación, abajo del título un “balazo”, casi, casi literal, Condena el manejo de información tendenciosa y se reserva el derecho de emprender acciones legales en contra de quienes difundan información tendenciosa.

Para muchos, incluyéndome, lo consideramos desmesurado, inoportuno, desesperado, sobre todo por el escenario nacional en contra de la actividad periodística, no por nada nuestro “oficio” en México está calificado como uno de los más riesgosos, basta con mirar las estadísticas de periodistas en todo el país, hombres y mujeres asesinados, golpeados, torturados o secuestrados por cumplir con su encomienda, informar, en este contexto el boletín del Fiscal lo considero  atrevido, intolerante y por demás hosco, pudiera ser como lo dicen algunos cercanos al Fiscal, puntual, entendiendo que el comunicado pretende hacer prevalecer el derecho de prensa y manifestación de ideas, posicionando en su agenda la necesidad de replicar y bueno es su derecho; pero viniendo de su investidura pudiera entenderse como una actitud represora, autoritaria. Es cierto, como me lo dijera un gran amigo abogado y de los mejores, en el Estado pocos medios de comunicación o algunos periodistas o autonombrados periodistas, incluyendo el SQCS y otros medios del estado, algunos sin ética y responsabilidad social, no tienen la dinámica de sujetar sus opiniones a un control de estilo o de código de editorial o mejor aún la Figura del Defensor de Audiencias, que corresponde a las propias empresas de comunicación construir y establecer como reparador de los errores que se cometen, sin embargo hacen uso de sus derechos y el desconocimiento de la ley que es muy clara en ese sentido, hablando de los elementos esgrimidos en el boletín, no los exime de sus responsabilidades. Es decir si la Ley de Derecho de Réplica, estableció regular, garantizar que toda persona que lo desee pueda replicar una información que no le favorece, en los mismos términos y espacios de la difusión que causó la afectación, tampoco creo sea la actitud correcta de la Fiscalía utilizar la coyuntura para levantar el mayete e inhibir al periodista bajo el argumento de pedir el ejercicio de responsabilidad social.

Sí lo veo como como un claro, evidente forcejeo político, sobre todo mirando la actitud del Fiscal en su relación con los periodistas, arrebatos, regaños, manoteos, golpeteos de mesa, etc., lo entiendo desmesurado y poco prudente. Yo recomendaría a los funcionarios en turno, un buen entrenamiento de medios vaya que hace falta, si el gobierno tuviera un Plan de Manejo de Crisis en todas sus áreas, sin duda ninguna, el boletín ZS-97/2017 de la Fiscalía hubiera detonado automáticamente el botón rojo, merecedor de la mayor de las atenciones y otro pronunciamiento más tendiente a mejorar las relaciones prensa/gobierno.

Levantar la voz al “mensajero”, mostrando el “mazo” no garantiza la libertad de expresión, por el contrario, confunde, somete, menosprecia, saca de las casillas, evidencia, quizá esa sea la estrategia a seguir, entonces dónde queda el discurso de nuestras autoridades de respetar la libertad de prensa, de expresión, la libertad de prensa no solo es garantizar el derecho a informar, son, desde mi punto de vista las facilidades que pueda aportar el propio gobierno al gremio periodístico, por establecer mejores y respetuosas condiciones que fortalezcan las relaciones públicas, que otorgue facilidades al gremio organizado para prepararse y desarrollarse académicamente, que lo defienda en el ámbito laboral para tener mejores condiciones de vida, sueldo digno, vivienda, derechos que proteja al individuo y su entorno social y familiar, esto para mi es respetar y fortalecer la libertad de expresión en su más alto nivel.

Me preocupa y deberá de ocuparnos en el futuro al gremio periodístico, que esta sea la política de Comunicación Social de la actual administración, dictada desde un organismo que de origen debería ser autónomo pero que en la realidad, es lo contrario. Quintana Roo tiene muy pocos registros que vulnere la actividad periodística, son contados y dirían los funcionarios, aislados; pero tampoco queremos la escalada que nos pongan a la altura de lo que acontece en Veracruz, Tamaulipas, Baja California, Estados de México, etc., el gremio quiere estar bien, en paz y ser feliz.

Sin duda periodistas y medios de comunicación tenemos una asignatura pendiente, la mesura, oportunidad, veracidad y el compromiso social en la divulgación de los contenidos, sin hacer a un lado nuestra tarea principal que es informar, veraz y oportunamente. Uno de los principios de redacción que aprendí en la empresa de televisión nacional en la que estuve por 23 años, era no calificar, ni utilizar adjetivos calificativos o atribuir hechos sin fuente, por lo menos esa es hasta ahora la consigna, el periodista siempre debe tener la parte y contraparte de un hecho, aunque la verdad es subjetiva y no a todos embona.

Hoy son muchos periodistas los que han sido amenazados en Quintana Roo, Benjamín Pat, Francisco Acosta, Tina Pinzón y otros que no tengo en registro o vienen a la memoria, todos ellos con demandas o por lo menos sentaron precedentes, a nadie beneficia una escalada de denuncias, mucho menos de actos que atenten contra la libertad de expresión o de la propia integridad del individuo y sus familias, hoy más que nunca los reporteros y medios de comunicación debemos estar unidos y organizados, arroparnos, protegernos, habidos por tender lazos de comunicación con autoridades de los tres niveles de gobierno, defendamos a Quintana Roo, hagámoslo ver en conjunto como una sociedad madura e inteligente.

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