Por Oscar Xool Morales

Chetumal, Quintana Roo a 27 de enero del 2018.- El ministerio público o fiscal del ministerio público es el agente encargado de realizar las investigaciones e integrar las carpetas de investigación en contra de los sujetos que según el capítulo III, artículo 112 del Código Nacional de Procedimientos Penales precisa “Se denominará genéricamente imputado a quien sea señalado por el Ministerio Público como posible autor o participe de un hecho que la ley señale como delito. Además, se denominará acusado a la persona contra quien se ha formulado acusación y sentenciado a aquel sobre quien ha recaído una sentencia aunque no haya sido declarado firme”.

Ahora bien, cuando una persona es investigada por la Fiscalía General del Estado, en teoría debería ser citado para que al darse inicio las investigaciones por la posible comisión de algún ilícito, este pudiera aportar pruebas y en caso de ser inocente, demostrar fehacientemente con los medios de convicción (pruebas); testigos, documentos o cualquier cosa que demuestre su postura, previo a la judicialización de la carpeta y así evitar el desgaste judicial en casos que muy notoriamente no procederán.

Sin criticar la forma en que realizan los trabajos los ministerios públicos, ya que en ocasiones se pueden tener casos en que los imputados al momento de conocer que están siendo investigados o integrándose carpetas puedan intentar huir, escapar o simplemente desaparecer del estado con la finalidad de no responder ante la justicia, es importante ser realistas, ya que en muchas ocasiones los investigadores omiten llamar a los imputados y hasta que son citados a audiencia de imputación ante el juez penal los involucrados se enteran que están teniendo problemas con la justicia penal.

Cuando un imputado (persona señalada por el ministerio público como posible autor de un ilícito), es llamado a audiencia inicial por un juez de lo penal, significa que el ministerio público ha judicializado la carpeta de investigación y pidió se realice la audiencia de imputación, dicho acto procesal, el cual se encuentra ubicado en el Título Sexto denominado como audiencia inicial en su artículo 307 del Código Nacional de Procedimientos Penales en síntesis menciona que –en la audiencia inicial se informarán al imputado sus derechos constitucionales y legales, se realizará el control de la legalidad de la detención si correspondiere, se formulará la imputación, se dará la oportunidad de declarar al imputado, se resolverá sobre las solicitudes de vinculación a proceso y medidas cautelares y se definirá el plazo para el cierre de la investigación. En caso de que el ministerio público o la víctima u ofendido solicite la procedencia de una medida cautelar, dicha cuestión deberá ser resuelta antes de que se dicte la suspensión  de la audiencia inicial.

Es justamente a esta parte, a donde queríamos llegar amable lector, las medidas cautelares que se están imponiendo, si bien es cierto no entraremos en el estudio de si son o no responsables las personas imputadas por múltiples ilícitos, estas están siendo resueltas por los jueces penales como prisión preventiva en la mayoría de los casos de índole político.

Es normal que la sociedad que ha sido afectada o le ha sido explicado que los funcionarios cometieron ilícitos y lo que se quiere es verlos tras las rejas de manera inmediata, esto contraviene el espíritu del nuevo sistema de justicia penal, el cual fue creado bajo los conceptos del sistema americano, los imputados pueden llevarse el juicio desde sus domicilios garantizando la no sustracción de la justicia, es decir, mientras tengan domicilio en la jurisdicción del juzgado penal, mientras hayan comparecido a los citatorios de la autoridad competente y atender sus casos cuando les sea requerido, la prisión preventiva será realmente la última opción para resolverse por parte del juez que conozca el caso en concreto.

Las medidas cautelares se encuentran ubicadas en el capítulo IV y los tipos de medidas cautelares están señaladas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual consta de XV medidas cautelares y la última es la señalada como “Prisión Preventiva”, además señala este numeral penal que las medidas cautelares no podrán  ser usadas como medio para el reconocimiento de culpabilidad o como sanción penal anticipada, he aquí la lucha continua de lo que marca la normatividad contra la realidad de lo que pasa en los juzgados penales.

Increíble que a nivel federal a un imputado por delitos demás impacto le dictarán 6 meses de prisión preventiva y en el estado por delitos menores, porque así están estipulados en el Código Penal del Estado de Quintana Roo, se esté dictando lo máximo, 2 años de prisión preventiva, tal vez nadie se ha ocupado de revisar este caso, pero se tiene acceso que en otros estados, ante las denuncias de litigantes ante el consejo de la judicatura donde responden los jueces, les han fincado responsabilidades y sobre todo, sanciones. El deber de mantener el espíritu jurídico de la ley penal está por encima de cualquier interés. ¿No lo cree usted así amable lector?

Sugerencias de temas al correo: oxoolm@yahoo.com.mx

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