Bacalar, Quintana Roo a 06 de septiembre del 2018.- Corrupción e impunidad afectan la inversión en Bacalar, atractivo turístico del sur de Quintana Roo en pleno auge. Lo anterior ante los fraudes inmobiliarios y despojos que se realizan y de los cuales la Fiscalía General del Estado no está cumpliendo con prontitud su encomienda, pues su excesiva demora en actuar presume complicidad de algunos de sus funcionarios.

Más aun cuando nombres de autoridades estatales, como Francisco Atondo Machado, director zona norte de la Sedarpe, están involucrados en los expedientes de lo que aparenta ser una red de delincuencia organizada para efectuar fraudes y despojos.

Atondo Machado de manera indebida se ha ostentado como propietario de un predio de La Costera de Bacalar y bajo una posible red de abogados y corredores inmobiliarios han pretendido vender dicho predio ubicado en la Avenida 5 también conocida como Costero de Bacalar Norte número 1219, después que dicho inmueble fue despojado hace casi un año a su legítimo dueño, como fuera denunciado en la carpeta de investigación FGE/QR/BAC/ATP/09/634/2017, iniciada por el delito de despojo.

En las declaraciones los implicados han reconocido al funcionario de Sedarpe como uno de los autores intelectuales de estos delitos que dañan la imagen de Bacalar y al mismo tiempo al gobierno de Quintana Roo, justo cuando se acerca el segundo informe del gobernador Carlos Joaquín González.

Fraude millonario y despojo

El agraviado Saúl Rodolfo Gutiérrez Ramírez es un empresario de Bacalar que en 2014 le compró a Francisco Daniel Vázquez Balam, alias “Dagos”, el predio ubicado en la Avenida 5 o también conocida como Costero de Bacalar Norte, número 1219, entre las avenidas 40 y 42, al que le realizó los primeros pagos y le entregaron la posesión del predio.

Se cubrió más del 50 por ciento del monto de la promesa de compraventa, lo que implicó pagos de más de un millón de pesos, y se finiquitarían al momento de hacer el último pago e ir a la notaría para escriturar.

Sin embargo, resultó que Francisco Daniel Vázquez Balam reconoció que sólo tenía “informaciones ad perpetuam” y que no era el verdadero dueño, él sólo fue el cuidador del predio en su momento y que la verdadera dueña vivía en el norte del estado. De tal manera el comprador, que tenía la posesión del predio, había sido defraudado.

Sin embargo, ante el interés genuino de adquirir la propiedad, Saúl Gutiérrez ubicó a la verdadera dueña del predio, con la cual efectuó la compraventa oficial del inmueble, la cual se encuentra debidamente sustentada ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.

Sin embargo, la pesadilla para el inversionista estaba lejos de terminar, porque en los años siguientes se efectuaron intentos de allanamiento y despojos, todos al parecer por órdenes de Francisco Daniel Vázquez Balam, quien ya le había defraudado por más de un millón de pesos.

En el año 2017, el famoso “Dagos”, al asociarse con diversas figuras entre las que se encuentran políticos, invadieron el predio y sacaron a 3 de sus cuidadores con ayuda de un comando armado.

Desde ese momento se quedaron dentro de la propiedad, pues están conscientes de la plusvalía del terreno ubicado a la orilla de la Laguna de Bacalar, por lo que no han dudado en ofrecerlo en venta y poder engañar a más personas, aun cuando está comprobado que el legítimo propietario es Saúl Rodolfo Gutiérrez Ramírez.

El predio sigue en posesión de invasores

Además de los delitos cometidos, se pretende seguir defraudando a más personas, pues se tiene conocimiento que el predio ha aparecido en venta después del mes de octubre del año 2017 en páginas de internet, entre corredores de bienes raíces, el hermano de Francisco Daniel Vázquez también lo ha ofrecido.

Tras el despojo, el afectado interpuso la querella ante el Ministerio Público de Bacalar, quedando registrada en la carpeta de investigación FGE/QR/BAC/ATP/09/634/2017, en la secuela se entrevistaron testigos, personas, ubicaron el predio y finalmente se judicializó la carpeta ante el juez de control oral en materia penal, y se creó la carpeta administrativa número 335/2017.

Hace casi tres meses se logró que a Francisco Daniel Vázquez se le vinculara a proceso y se determinó la prisión preventiva, lo que quiere decir que se encuentra privado de su libertad en el Cereso para llevar su juicio por el delito antes mencionado, pero hasta el momento no se le ha restituido el predio al afectado, aun cuando se tiene conocimiento de que las personas que lo mantienen invadido siguen descaradamente ofreciéndolo en venta.

A pesar de que las autoridades de justicia manifestaron que una vez que fuera vinculado a proceso Francisco Daniel Vázquez le sería restituido el predio, hasta el momento las autoridades se han mostrado complacientes con los actos constitutivos de delito que se siguen realizando.

La acción de la justicia muestra cierta parcialidad porque aun cuando los hechos y las declaraciones muestran que un grupo de defraudadores inmobiliarios actúa en Bacalar, el afectado lleva más de un año sin que le sea restituida la posesión del predio.

La situación parece más delicada porque hay funcionarios del gobierno “del cambio” involucrados, puesto que figura el nombre Francisco Atondo Machado.

Los cuidadores del predio invadido, mismos que han cambiado constantemente, mencionaron como propietario a Francisco Atondo Machado en las investigaciones, y en las entrevistas aparecía ese nombre y ahora también el de Lucio Lezama ha sido mencionado por varios; también a Francisco Daniel Vázquez, sólo que ahora dicen que anda fuera de la ciudad por viaje de negocios, pero cada quien lleva posibles compradores al predio.

En esta red de corrupción también hay abogados, siendo que en días pasados los cuidadores del predio manifestaron a interesados en el terreno que se podrían comunicar con el licenciado Mario Morán.

Los veladores se justificaron diciendo que ellos sólo tenían la obligación de mostrar el predio a las personas que les mandara Francisco o el licenciado Morán y no dejar entrar a nadie ni a la policía, dieron su número de teléfono para contactarlo.

Repiten fraudes inmobiliarios del gobierno anterior

Con esta investigación se puede percibir una posible red muy compleja con varios personajes del actual gobierno, en busca de apoderarse de tierras que tienen legítimo propietario, algo que se criticó fuertemente del gobierno de Roberto Borge Angulo, pero que actualmente están repitiendo desde la actual administración.

Aunque se esperaba mayor rapidez de la Fiscalía General del Estado, a cargo de Miguel Ángel Pech Cen, se ha demorado en asegurar el predio y poner un alto a los posibles delincuentes, siendo que hasta el momento no ha citado a comparecer a Atondo Machado.

De tal manera, se siguen realizando actos presuntamente constitutivos de delito al defraudar más compradores, aun cuando el predio en cuestión tiene legítimo dueño, el cual tiene un expediente completo que demuestra que le asiste la razón, pero la justicia se ha tardado en llegar.

Fuente: http://www.poresto.net

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